Turquía

Turquía aprueba una controversial ley que podría ocasionar el cierre de varias ONG's

La medida limitaría el funcionamiento de organizaciones como Amnistía Internacional y habilitaría al gobierno a cambiar sus miembros.
domingo, 27 de diciembre de 2020 · 18:45

El parlamento de Turquía aprobó el domingo una nueva ley que aumentaría la supervisión a diversas fundaciones y asociaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, quien criticó la medida indicando que limita las libertades de las organizaciones de la sociedad civil.

Está nueva ley permite que el ministro del Interior, Suleyman Soylu, reemplace a los miembros de organizaciones acusadas por cargos de terrorismo y también podrá solicitar a los tribunales a que detengan sus actividades dentro de Turquía.

Suleyman Soylu, ministro del Interior de Turquía.

La Asamblea del país otomano anunció la aprobación de la ley, al cual fue redactada por el partido gobernante AKP del presidente Recep Tayyip Erdogan, el cual cuenta con mayoría parlamentaria junto a su partido aliado, MHP.

A principios de está semana, siete organizaciones de la sociedad civil de la nación, incluida la Asociación de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, indicaron en un comunicado que los cargos de terrorismo en Turquía eran arbitrarios e indicaron que la medida desobedece la presunción de inocencia y castiga a aquellos que no finalizaron sus juicios.

El parlamento turco en Ankara.

El comunicado manifestaba:

Dado que miles de activistas de la sociedad civil, periodistas, políticos, miembros de organizaciones profesionales son investigados en el ámbito de la (ley antiterrorista), no hay duda de que esta ley tendrá como blanco a casi todas las asociaciones opositoras.

Desde el fallido intento de golpe de estado de 2016, varias organizaciones en Turquía han sido investigadas en cargos criminales al igual que diversos miembros de Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos.

Una manifestación de Amnistía Internacional en Turquía.

Opositores indican que el gobierno actual del país otomano ha utilizado el intento del golpe como un pretexto para sofocar la disidencia. El gobierno se defiende indicando que las medidas son necesarias dadas las amenazas a la seguridad que enfrenta la nación.

Según la ley, las fundaciones serán inspeccionadas anualmente por funcionarios públicos y se pueden imponer multas de hasta 200.000 liras (21.454 euros), en comparación con un máximo anterior de 700 liras, en una medida que las siete organizaciones dijeron que "en la práctica conducirá al cierre de muchas asociaciones".