Polémica

El PP asegura que Campo reconoció la “pereza legislativa” para reformar la ley sanitaria

Andalucía y Castilla La Mancha sufrieron vetos judiciales ante la ausencia del estado de alarma.
sábado, 15 de mayo de 2021 · 03:30

La legalidad de las restricciones decretadas por las diferentes comunidades autónomas tras el estado de alarma sigue estando en entredicho por los tribunales regionales. Los vetos judiciales del País Vasco y Canarias generarían autocrítica por parte de ministros del Gobierno, como Campo, sobre la mala planificación.

Desde el PP aseguran que el ministro de Justicia admitió en una conversación con su par popular, Enrique López, que la actual ley sanitaria no daría las garantías jurídicas necesarias. El aliado de Pablo Casado insistió en que la situación es “vergonzosa”, porque cada decisión debe ser ratificada en el fuero judicial. Este viernes lo sufrió Juanma Moreno, al declararse la ilegalidad del cierre perimetral de una localidad con más de 1.000 casos de incidencia.

Viven instalados en la pereza legislativa y echan la culpa siempre a los demás

El dirigente popular insiste en que Campo valoró la reforma, pero que Sánchez se lo denegó.

López considera que el Gobierno de Pedro Sánchez está demostrando sus falencias en la Cámara Baja, según “Europa Press”. Es bien conocida la promesa de Carmen Calvo de reformar la actual ley sanitaria de 1986, así como también la propuesta de Casado que está tomando estimación de algunos presidentes regionales propios y hasta oficialistas. El secretario de Justicia del PP remarcó que los socios europeos ya tienen resulta una cuestión que todavía el PSOE posterga. Cada dia se presenta un veto judicial distinto a las comunidades, sin distinción ideológica ni tampoco sanitaria. Por ejemplo, en Castilla La Mancha se prohibió la restricción de movimiento a un domicilio de los mayores.

“El Diario.es” precisa que el fallo emitido recién hoy, a días de publicarse el decreto que formalmente suplantó al estado de alarma, busca proteger la “falta de garantías” de los derechos fundamentales de movilidad. La comunidad afronta los vaivenes de la pandemia tratando de bajar la media diaria de los 300 casos, pero las razones justificadas en el decreto son más “genéricas” que particulares en el caso de los adultos. Este fallo es el más sorpresivo hasta el momento, puesto que los más habituales que contrarían a las comunidades se relacionan con los cierres perimetrales. Así lo impidieron al País Vasco, Canarias, y hoy a Andalucía por el caso inédito de un municipio granadino. El argumento también es la privación “indiscriminada y masiva” de los derechos fundamentales.

Moreno había sumado el rechazo de Vox para cerrar la localidad.

“La Sexta” precisa el fallo andaluz, en el cual se introduce una novedad. Volviendo a la noción genérica y no particular de la restricción de movilidad, los magistrados explican que limitar los derechos de los ciudadanos de Montefrío significa también perjudicar “injustamente” a quienes puedan estar vacunados. Tomar esta premisa puede ser claramente adverso para lo que prevé el Gobierno, pues todas las comunidades tienen población vacunada y la doctrina se puede extender tranquilamente hacia toda España. También existen recursos como el presentado por un abogado valenciano, contra Ximo Puig, que fueron descartados, según “Levante-EMV”. Pero son minoría en este clima de incertidumbre jurídica. La cartera de Justicia no admite que Campo haya reconocido al PP los problemas legales, por lo que emitió un comunicado para tranquilizar también a La Moncloa, de acuerdo a “Europa Press”.

El ministro no ha hablado nunca sobre esta materia con Enrique López. Lamentamos el daño que estos comportamientos producen en el necesario diálogo político