Extremadura

Ocho integrantes de Vox dejan el partido por antidemocrático y anticonstitucional

También consideran que es una formación sin principios y que no se somete al Estado de Derecho.
martes, 6 de abril de 2021 · 13:31

Vox Extremadura ha sufrido la baja de 8 de sus integrantes, quienes han decidido abandonar el partido por considerarlo "antidemocrático, sin principios, anticonstitucional y que no se somete al Estado de Derecho".

Así mismo, los ahora ex miembros del partido de extrema derecha han asegurado que Vox somete a sus afiliados "a técnicas totalitarias, exentas de las mínimas garantías legales exigidas por la ley".

Como ejemplo de esto último han señalado la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Badajoz, por la que se condenó al partido al declarar nula la resolución del Comité Ejecutivo Nacional de expulsar a Alejandro Vélez. "Esta condena, unida a la gravedad de los hechos que se exponen a continuación, motivan el abandono de esta formación política por nuestra parte".

Los concejales Alejandro Vélez, María Isabel Gragera, Antonio Pozo, José Andrés Gámez y tres más, así como el excandidato a la Junta de Extremadura por parte de la formación de ultraderecha, Juan Antonio Morales, han señalado en un comunicado de prensa que pasarán a "no adscritos" en sus respectivos ayuntamientos. 

Los exintegrantes de Vox señalan a Ortega Smith.

Así mismo, han asegurado que la disciplina interna de Vox "es una apisonadora que se aplica de manera caprichosa por parte de la Secretaría General, sin respetar los derechos de los afiliados y sin garantías de contradicción o defensa".

Con Ortega Smith al mando, o acatas lo que se te diga o estás fuera. 

Han señalado además que "el objetivo es cortar de raíz cualquier iniciativa o manifestación que suponga libertad de expresión o acción por parte de los grupos municipales o asambleas legislativas", y han explicado también que han sido objeto de técnicas "indecentes" ya que han llegado a contratar detectives privados para hacer pública información de la vida privada de quien investigan, para poder anularlo políticamente.