Judicial

Investigan a los independentistas catalanes por citar a los “presos y exiliados” en sus juramentos

El Constitucional inició las diligencias que podrían ser perjudiciales por los antecedentes con Puigdemont.
jueves, 22 de abril de 2021 · 06:00

A pesar de sus grandes diferencias, los independentistas catalanes se continúan postulando a cargos del Congreso porque creen en reformar el sistema que critican “desde adentro”. El juramento para tomar posesión de sus funciones ha sido siempre controvertido por el juramento a la Constitución. Ahora el Tribunal Constitucional valora tomar medidas en consecuencia.

Los integrantes del órgano judicial debatirán si los términos de acatamiento de los separatistas se ajustan a lo legal, tal como el PP y Vox abrieron interrogantes. La decisión puede ser hostil para ERC, Junts y el resto de las formaciones partidarias de “romper con España”: es el mismo lugar donde Carles Puigdemont y sus compañeros impusieron denuncias por falta de imparcialidad. No es la única iniciativa que la oposición obtuvo favorable, debido a que la Ley Celaá también será revisada.

Por la libertad de los presos políticos catalanes, por el retorno de los exiliados, hasta la Constitución de la república catalana, por imperativo legal, sí prometo

“La Vanguardia” recuerda una de las tomas de posesiones desafiantes de los independentistas catalanes. La alusión al Estado español fue nula, de acuerdo a sus creencias de oponerse a un “sistema represivo” que los perjudica. El Constitucional suele admitir este tipo de pronunciamientos tras un fallo con Batasuna, pero para los partidos de derecha esto ha cambiado. Además de emerger con mayor fuerza las iniciativas catalanes, el PP y Vox buscarán aprovechar un reciente fallo entre el órgano judicial y los separatistas que involucró a Conde-Pumpido. 

El magistrado se abstendrá de las causas independentistas por algunas conferencias críticas a quienes debía juzgar.

“El Confidencial” precisa que hoy los magistrados del Tribunal regulador aprobaron la moción presentada por el juez múltiplemente recusado por el expresidente de Cataluña y otros dirigentes. Sólo nueve juristas seguirán atendiendo a las causas que involucran los efectos del referéndum catalán de 2017, entre ellas, el acatamiento a la Constitución. Oriol Junqueras abrió la polémica hace unos años por haber omitido referirse a la Ley Suprema, y la decisión de revisar esta actitud puede complicarlo en otras causas abiertas donde sus formas de representación también estuvieron bajo la mira: tanto para ser diputado en la Cámara Baja, como en la UE, su condición de procesado llevó a la inadmisión, según explicaba “Europa Press”.

Los añadidos no tienen valor condicionante ni limitativo de la promesa

El expartido de Otegi, Batasuna, fue avalado en 1989 en un acatamiento que fue tildado de "imperativo legal".

Como recuerda “La Vanguardia”, la doctrina resulta claramente favorable a los diputados que busquen expresar su identidad plurinacional, pero ahora estará en revisión porque los tiempos han cambiado. El Constitucional debe fallar sobre los independentistas catalanes y también sobre algunos diputados de Podemos, que habrían tenido una infracción similar en la toma de acatamiento constitucional.  Lo cierto es que el PP y el supuesto control sobre el órgano puede estar rindiendo sus frutos. La Ley Celaá será revisada por las dos presentaciones separadas de los populares y Vox, que prepara una ofensiva similar desde Cataluña. El veto al senador que le corresponde al partido que Garriga lidera en la región será remitido al órgano consultivo, y por la historia reciente puede significar otro revés judicial a los separatistas, tal como revela “ABC”.

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