Corrupción del PP

García Castellón archiva la causa contra Cristina Cifuentes por el caso 'Púnica'

El magistrado decretó el sobreseimiento por presuntos delitos de cohecho y prevaricación.
martes, 20 de abril de 2021 · 12:42

El juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, ha acordado el sobreseimiento provisional de Cristina Cifuentes de los delitos de prevaricación y cohecho en la adjudicación del contrato de los servicios de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea de Madrid.

El juez considera que no se ha comprobado que Cifuentes haya participado en la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad de Madrid, y también ha sobreseído a la Letrada de la Asamblea de Madrid,Tatiana Recoder y al presidente del Grupo Cantoblanco, Arturo Fernández.

García Castellón ha explicado que con todas las diligencias realizadas no se ha llegado a acreditar que la expresidenta de la CAM tuviera participación en la gestión económica de Fundescam, entidad a la que algunos empresarios habrían hecho las donaciones en la que se basaba el informe policial que informaba de las presuntas irregularidades cometidas en el contrato de prestación de dichos servicios. 

García Castellón considera que no se ha porbado que Cristina Cifuentes tuviera conocimiento de las donaciones a Fundescam.

El magistrado también ha señalado que la imputación de Cristina Cifuentes por haber tenido conocimiento de las donaciones a cuentas de Fundescam "se basa en una mera especulación, ausente de todo elemento indiciario que la sustente".

En ese sentido, el juez instructor del caso Púnica indica en su auto que "no se puede sostener que tuviera conocimiento de las donaciones vinculadas a Arturo Fernandez", por lo que "no se puede acreditar que su actuación en el proceso de licitación del servicio de cafetería, cocina y comedores de la Asamblea de Madrid estuviera presidida por una voluntad de favorecer a este empresario por las donaciones que éste había realizado en la Fundación señalada". 

Igualmente, García-Castellón ha recordado que el grupo al que finalmente se le adjudicó el contrato para la prestación de dichos servicios era ampliamente reconocido por gestionarlos.

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