Inmigración

Tras las denuncias de ONG, un fallo avala las políticas migratorias del Gobierno con Marruecos

El Tribunal Supremo explica las razones para descartar los recursos.
sábado, 9 de enero de 2021 · 08:00

La crisis migratoria fue preocupante el año anterior por la llegada récord de refugiados provenientes de distintos países del continente africano. El Estado ha sido cuestionado por sus ayudas bilaterales para evitar este asunto y, este viernes, sumó un triunfo judicial.

Se trata de un paquete de 30 millones de euros otorgados a Marruecos en 2019, que algunas ONG denunciaron como ilegales, pero el Tribunal Supremo avaló en su reciente fallo. La política migratoria siguió igual durante 2020 y podría extenderse por pedido de la UE.

Con los fondos, el Gobierno logró "exitosamente" la reducción de casi la mitad de inmigrantes arribados entre 2018 y 2019.

La relación de Marruecos y España atraviesa un momento complejo por las declaraciones soberanistas de su primer ministro sobre Ceuta y Melilla. Pero, desde Bruselas solicitaron que continúen las subvenciones para frenar la inmigración irregular, según precisaba El País.

Esta política migratoria con el país africano fue tan exitosa (por menos llegadas respecto al año anterior) como cuestionada en 2018, por una transferencia del Ministerio de Interior que asociaciones de Andalucía y Acces Info Europe tildaron de “irregulares”. 

El Supremo remarca que el recurso contencioso administrativo no puede ser admitido por la falta de perjuicios económicos a la querella.

No se acredita interés singular o especifico, pues no se acredita en qué medida la anulación del Fondo de Contingencia pueda implicar un beneficio para dichas entidades.

El auto judicial que precisa el medio mencionado no admite el recurso porque la querella carece de argumentos económicos "propios" para reclamarlo. Además, aquel año se totalizaron ayudas por hasta 60 millones de euros para controlar la inmigración, según El Independientemente.

La transferencia de fondos para frenar la crisis migratoria fue solicitada por Interior, cartera cuestionada por los resultados de 2020. 

Si una ONG como Access Info no tiene legitimidad, entonces, ningún representante de la sociedad civil española tiene un interés legítimo.

La Abogacía del Estado triunfó en el fallo sobre la parte demandante, que insiste en sus sospechas por la utilización del Fondo de Contingencia. La Ley de Presupuestos valora este dinero en ocasiones de emergencia, que La Moncloa interpretó por los más de 64.000 refugiados de 2018.