Cataluña

La Fiscalía se opone a los indultos de los líderes independentistas condenados por el 1-O

Los fiscales consideran que no existe "arrepentimiento" ni se ha cumplido la mitad de la condena.
martes, 22 de diciembre de 2020 · 14:49

Los fiscales del Tribunal Supremo han informado este martes estar en contra de la concesión del indulto a los políticos catalanes condenados por delitos de sedición debido a su participación en el proceso independentista en Catalunya de 2017.

Los magistrados Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno, han argumentado que los condenados no han manifestado ni demostrado arrepentimiento, que sus condenas son muy "importantes", y que no han cumplido ni la mitad de las mismas.

Los fiscales Consuelo Madrigal y Jaime Moreno.

A juicio del ministerio fiscal las circunstancias que concurren en el caso no aconsejan la concesión del indulto solicitado, teniendo en cuenta la enorme gravedad de los hechos y la más que acreditada proporcionalidad de las penas impuestas.

Así mismo, los fiscales del Ministerio público subrayan que la Constitución veta que un Gobierno se autoconceda esta medida ante delitos de traición o que atenten contra la seguridad del Estado, considerando que lo que se incluye en esta prohibición.

Los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena.

La concesión del mismo pueda operar, lejos de los parámetros de justicia, como moneda política de cambio en el campo de las negociaciones para la obtención de apoyos parlamentarios.

Los fiscales también explican que la figura del indulto se prevé para "atemperar el rigor de las penase impuestas en aquellos excepcionales casos en los que la estricta aplicación de la ley conduce a una respuesta punitiva absolutamente desmedida y desproporcionada".

El Ejecutivo es el que tiene las competencias para conceder la medida de gracia.

Los miembros del Ministerio Fiscal consideran que en este caso "la concesión del indulto representaría una lesión intensa a los valores afectados de convivencia democrática y orden constitucional, perjudicando a todos los españoles”.

Los magistrados ya han enviado sus informes al Tribunal Supremo, que deberá redactar ahora su propio dictamen para hacerlo llegar al Gobierno. El Ejecutivo es el que tiene las competencias para conceder esta medida de gracia, y tanto a la Fiscalía como el Tribunal les corresponde informar sus posturas, aunque estas no son vinculantes.