Judicial

Una nueva ley de Justicia propondría limitar a los jueces y formaciones políticas de las causas

La normativa también regularía la información de los procesos.
miércoles, 18 de noviembre de 2020 · 17:13

El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tiene entre sus propuestas un cambio en la Ley de Enjuiciamiento. El ministro Juan Carlos Campo tiene entre sus principales puntos cambios sustanciales en el seguimiento del proceso. El País presentó un resumen del borrador. 

Justicia presentará un anteproyecto que traspasará la dependencia de los jueces a los fiscales, y también limitará la figura de las formaciones políticas para actuar como parte. Este último punto puede ser controversial para partidos como Vox que se posicionan como acusación popular en muchas causas. El diario El Mundo muestra parte de la comparecencia del ministro.

Campo presentó un proyecto que reformará parte de la actividad judicial, luego de las polémicas por los cambios (aún sin resolver) del Consejo General del Poder Judicial. La nueva ley propuesta por el ministro del PSOE centrará su objetivo en modificar “una norma de 138 años” desactualizada.

La ley propuesta por Justicia apartaría a los jueces de la tarea de dictar las diligencias de la causa: se limitará a otorgar sentencias. El fiscal será el encargado de conducir el rumbo del proceso judicial, hecho en el que no concuerdan algunas asociaciones judiciales.

Los juristas consultados por ABC consideran "innecesaria" la reforma que propone Justicia.

Corresponde al Ministerio Fiscal la potestad de dirigir la investigación de los hechos.

El portal ABC cita al presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, quien asegura que existen “adecuadas herramientas para el proceso” en el actual sistema. Por su parte, el ministro de Justicia expresó la necesidad de reunir apoyos para la aprobación de esta nueva ley de enjuiciamiento, que también controlaría la publicación de los hechos judiciales.

Campo espera reunir consensos para la nueva Ley de Enjuiciamiento.

Debe ser producto de un profundo diálogo con todas las fuerzas políticas y los miembros de la comunidad jurídica.

Por último, Campo prevé que las formaciones políticas estén excluidas de la acción popular por su “inserción en el orden constitucional como organizaciones de relevancia pública”. Es preciso señalar que Vox ejerció este derecho en el juicio por el “próces” y actualmente ocupa la misma figura en la causa Dina contra Iglesias.

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